Corea del Sur debate proyecto de ley que podría permitir el cierre de iglesias.
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Los legisladores surcoreanos están discutiendo cambios legales que podrían permitir al gobierno iniciar procedimientos para disolver organizaciones religiosas, incluidas iglesias, bajo ciertas circunstancias.
La propuesta surge en medio de investigaciones que involucran a grupos religiosos y sus posibles conexiones políticas. Las autoridades argumentan que la medida serviría para responsabilizar a las instituciones por irregularidades o por actuar en contra del interés público.
Sin embargo, los críticos argumentan que la iniciativa sienta un precedente peligroso. Creen que otorgar al Estado la facultad de disolver iglesias podría representar una forma de control sobre la religión.
'Disolver iglesias arbitrariamente'
Los expertos advierten que, dependiendo de cómo se aplique la legislación, las acciones o errores atribuidos a líderes individuales podrían afectar a toda la comunidad religiosa.
Esto plantea preocupaciones sobre posibles abusos e interferencia del gobierno en las instituciones religiosas.
Según Bitter Winter, la propuesta establece en su justificación oficial que la ley actual permite a las autoridades revocar la licencia de funcionamiento de una organización sin fines de lucro sólo cuando "realice actividades fuera de su propósito declarado, viole los términos de su licencia de funcionamiento o participe en actos perjudiciales para el interés público".
“Este es un ejemplo flagrante de lenguaje legislativo: una declaración de buenas intenciones que oculta un plan de interferencia gubernamental sin precedentes en la vida religiosa”, afirma el sitio web de defensa de la libertad religiosa.
En términos más simples, la enmienda se convierte en una herramienta para disolver arbitrariamente iglesias, realizar registros sin orden judicial y confiscar sus propiedades.
Libertad religiosa
Otro punto delicado se refiere a la propia Constitución surcoreana, que garantiza la libertad religiosa y establece la separación entre la religión y el Estado. Por ello, los expertos legales afirman que cualquier ley al respecto probablemente se enfrentaría a impugnaciones legales.
En una reunión de gabinete en diciembre pasado, el presidente Lee Jae Myung, de ideología de centroizquierda, declaró que las organizaciones religiosas deberían ser disueltas si "incurren en actos que violen la Constitución y las leyes".
Precisó que el Ministerio de Cultura, Deportes y Turismo está autorizado a iniciar dichos procedimientos, aunque serán los tribunales los que tendrán la decisión final.
El debate se inscribe en un contexto internacional más amplio. Casos recientes en Asia Oriental relacionados con la disolución de organizaciones religiosas han intensificado el debate sobre el grado de intervención de los gobiernos en las instituciones religiosas.
Un ejemplo ocurrió en Japón , como lo citó el Presidente Lee en su reunión ministerial.
Si [la disolución] está justificada, puede resolverse mediante litigio. En Japón, parece que se solicita la disolución ante los tribunales, pero en nuestro caso, la autoridad competente decide.
“Las personas se enfrentan a sanciones por cometer delitos o participar en actos antisociales. Las fundaciones y asociaciones también deben ser disueltas si cometen actos antisociales que generen condena pública”, enfatizó Lee.
El 25 de marzo de 2025, un tribunal de Tokio ordenó la disolución de la Federación de Familias para la Paz Mundial y la Unificación (Iglesia de la Unificación) a raíz de una solicitud del gobierno japonés.
La decisión eliminó el estatus legal religioso de la organización y sus beneficios fiscales.
Según AP, el proceso cobró impulso tras las investigaciones y críticas públicas sobre prácticas de recaudación de fondos consideradas abusivas, y tras el asesinato del ex primer ministro Shinzo Abe, que puso gran atención a la relación entre los políticos y el grupo religioso.
Disputas ideológicas o políticas
Mientras algunos políticos abogan por una mayor supervisión para prevenir abusos, los grupos religiosos argumentan que tales medidas podrían amenazar la libertad de culto y allanar el camino para decisiones influidas por disputas ideológicas o políticas.
La enmienda al Artículo 37 es la primera señal de alerta. Otorga a las autoridades la facultad de exigir a las organizaciones religiosas que proporcionen registros financieros y operativos con poca antelación, argumenta Bitter Winter.
Y afirma: «Esto crea una carga constante de cumplimiento. Cualquier iglesia que dude, cuestione la solicitud o no entregue los documentos con la suficiente rapidez se arriesga a ser considerada poco cooperativa o sospechosa».
La organización también dice que el Artículo 38 revisado va aún más allá, permitiendo al gobierno revocar la licencia de funcionamiento de una organización religiosa, entre otras razones, si se considera que ha “violado la separación de la religión y el estado” o “perjudicado el interés público”.
Estos términos son tan amplios que podrían aplicarse a prácticamente cualquier tipo de expresión política. Un pastor que critica una política gubernamental, un grupo budista que se opone a un proyecto de desarrollo o un obispo católico que se pronuncia sobre los derechos humanos podrían ser acusados de participación política o de atentar contra el interés público.
Y advierte: “Las acciones de una sola persona podrían llevar al Estado a disolver todo un grupo religioso”.
Dadas estas preocupaciones, la propuesta enfrenta resistencia por parte de líderes religiosos, expertos legales y defensores de los derechos civiles, quienes instan a la cautela para garantizar que cualquier cambio a la legislación no comprometa uno de los principios fundamentales de la democracia: la libertad religiosa.
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